En 1989 Francis Fukuyama afirmó en un famoso ensayo que el siglo XX —que había empezado con la confianza en el triunfo último de la democracia liberal de Occidente— parecía terminar donde había comenzado. El“fin de la historia” significó una victoria absoluta del liberalismo económico y político: “El triunfo de Occidente, de la idea occidental, es evidente primero que nada en el agotamiento total de alternativas viables sistémicas al liberalismo occidental”. La convergencia entre el capitalismo y el socialismo que muchos pronosticaban nunca ocurrió.
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En el debate sobre la militarización de la Guardia Nacional se ha dejado de lado la que debería ser la gran prioridad del Estado mexicano: la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia.
El debate sobre la readscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha versado principalmente en torno a dos ejes: la inconstitucionalidad del eventual decreto o iniciativa de ley en que se fundamentaría y las implicaciones políticas de militarizar de manera permanente la seguridad pública. Del primero ya no hay mucho qué decir, pues no hay ningún jurista en el país que no haya señalado lo grave que es que el presidente López Obrador esté dispuesto, una vez más, a violentar el estado de derecho con un decreto o una iniciativa de ley que serían claramente violatorios del artículo 21 de la Constitución. Con respecto al segundo tema, la preocupación se centra en los riesgos que tiene para la democracia el exceso de poder político que han adquirido las fuerzas armadas en este sexenio, al cual se sumarían los enormes recursos de la GN, que además se convertiría en la responsable de la seguridad pública en el orden federal. Con ello estaría rompiendo el equilibrio entre poder civil y militar, alcanzado después que los generales cedieran la presidencia de la república en 1946 y el ejército quedara vetado de la política.
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